Wikimedia, Creative Commons, Xnet y otras entidades contra la #LeyUribes: alertan de sus efectos y la opacidad de su tramitación

Wikimedia España y Creative Commons España, dos pesos pesados de internet, junto con Xnet, la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) e Interferencias se han unido para alertar sobre la “inminente” trasposición de una directiva “clave para nuestra definición y uso de internet”.

Estas entidades culturales y de la sociedad civil advierten sobre los efectos que puede acarrear una “transposición sesgada de la directiva” a la legislación española y asimismo critican “la opacidad del proceso llevado a cabo por el Gobierno” para incorporarla a nuestras leyes.

“Una transposición poco respetuosa con los derechos fundamentales puede transformar la directiva en una aberración legislativa digna de la lista de libros prohibidos de la Inquisición”

La trasposición, que se haría reformando la Ley de Propiedad Intelectual, aseguran que afectaría a “ámbitos muy delicados para la salvaguarda de los derechos de libertad de expresión, de acceso a la información y al conocimiento y de protección del patrimonio cultural en el ecosistema digital, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía”.

Contra la censura de contenidos y el cambio de paradigma de derechos en internet

Las organizaciones critican en un comunicado remitido a la prensa que solamente se tenga en cuenta al sector “más monopolístico y comercial de las entidades culturales” en la redacción del proyecto de ley, que debe presentar el Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Subdirección General de Propiedad Intelectual, y que el proceso se esté llevando a cabo de forma opaca.

Recuerdan que la asociación europea Communia ha puesto en marcha el Directive Implementation Tracker para seguir los procesos de trasposición a lo largo y ancho de la Unión Europea, con el fin de comparar metodologías, aunque en el caso de España no es posible dado que no existe información oficial sobre el trámite.

“Es fundamental que existan en Internet noticias verificables e imparciales, que ayude a la sociedad a tomar decisiones y a luchar contra la desinformación”

“Una transposición poco respetuosa con los derechos fundamentales puede transformar la directiva en una aberración legislativa digna de la lista de libros prohibidos de la Inquisición”, asegura Simona Levi, de Xnet, recordando las implicaciones que podría tener el polémico artículo 17, el anterior artículo 13.

Desde Wikimedia España, Virginia Díez alerta sobre los efectos que las medidas propuestas pueden tener en el acceso al conocimiento y la información, en especial el artículo 15, antiguo 11, y pide que se proteja el derecho de acceso a la información y a la verificación de fuentes. “Es fundamental que existan en Internet noticias verificables e imparciales, que ayude a la sociedad a tomar decisiones y a luchar contra la desinformación”, declara.

También preocupan a los impulsores de esta posicionamiento los artículos 3 y 4 de la directiva que tratan sobre la minería de datos y texto. A este respecto, Ignasi Labastida, de Creative Commons España, reivindica “una excepción que permita extraer información a partir de los datos y los textos a los cuales pueden acceder investigadores y la ciudadanía en general”. La extracción de información, recuerda, es necesaria para avanzar en la generación de conocimiento.

“Todo aquello que sea de dominio público en el mundo ‘offline’, debe mantenerse de dominio público en el mundo ‘online'”

El artículo 14 y lo que implica también es motivo de preocupación. Lorena Sánchez, de Interferencias, reclama que “todo aquello que sea de dominio público en el mundo offline, debe mantenerse de dominio público en el mundo online, como es el caso de la digitalización de obras de arte”.

El 7 de junio termina el plazo para trasponer la directiva al ordenamiento español y desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información creen que se va a realizar por real decreto ley en próximas fechas, aunque podría haberse tramitado ordinariamente en las Cortes Generales. España no suele trasponer a tiempo las directivas europeas, pero se considera que estas entran en vigor incluso aunque no existe una ley española que las haya traspuesto.


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por
Toni Castillo

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